La Seguridad Ciudadana y el Estado

La cuestión que ahora nos planteamos es si en una democracia el estado garantiza suficientemente la seguridad ciudadana.

El Ojo Crítico de Amador Moya

A. Moya

«“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política.”  SIMÓN BOLÍVAR

El planteamiento

Analizando con detenimiento la sociedad actual nos damos cuenta de que el estado, a través de sus gobernantes, cada vez presta menos atención a la seguridad de sus ciudadanos y dedica los recursos a mantenerse en el poder a toda costa. Si extendemos la vista hacia el horizonte, veremos que este no es un problema exclusivo del estado español, sino que se extiende y generaliza en la mayoría de los regímenes llamados democráticos.

La seguridad ciudadana es lo primero.

Una de las principales funciones del estado es garantizar la seguridad. Sin esta premisa el ciudadano será incapaz de ejercer sus derechos fundamentales. La libertad, la igualdad, la propiedad privada…, todos necesitan de la seguridad para ser ejercitados. Sin la seguridad no hay nada por mucho que conste escrito en un papel.

“Los tres fines que un estadista debe proponerse en el gobierno de su nación son: seguridad a los que poseen; facilidad a los que tratan de adquirir; esperanzas a todos.” SAMUEL TAYLOR COLERIDGE.

El artículo 12 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano lo recoge con claridad: «La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública…» y el Tribunal Constitucional en la sentencia 55/1990, de 28 de marzo lo remata para que no quede ninguna duda: «De la Constitución se deduce que las Fuerzas de Policía están al servicio de la comunidad para garantizar al ciudadano el libre y pacífico ejercicio de los derechos que la Constitución y la Ley les reconocen, y este es el sentido del art. 104.1 C.E. que puede considerarse directamente heredero del art. 12 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, configurando a la Policía como un servicio público para la comunidad».

Cuando el TC. habla de Policía, debemos tener en cuenta que lo hace de una forma general y que incluye a todos los cuerpos policiales existentes. Hago esta aclaración porque, en un país plagado de múltiples cuerpos policiales, resulta pertinente indicar que todas están incluidas en este mandato. Todas ellas forman parte del estado por lo que podemos concluir que es al estado al que corresponde esta labor de garantía al ciudadano.

La cuestión está ahora en determinar si el estado cumple con su obligación o si ha entrado en una dinámica en la que otros objetivos resultan más importantes  y requieren toda su atención.

¿De qué sirve que se proclame a los cuatro vientos que soy libre si no puedo salir a la calle sin que me roben o corra peligro mi vida? La falta de seguridad da paso al miedo de los ciudadanos y no existe sociedad libre en ese estado.

Las sociedades occidentales han sufrido un claro deterioro en este apartado. Muchas son las amenazas y pocas las soluciones.

El ciudadano ve con estupor cómo a pesar de cumplir con sus obligaciones, el estado permite que el delincuente se encuentre cada vez más cerca de él haciéndole irrespirable la vida.

El okupa amenaza la propiedad que ha conseguido tras años de restricciones y sacrificios.

El inmigrante ilegal es elevado a la categoría de ciudadano al que no parece se le atribuya obligación alguna ni importe a nadie que su falta de medios de vida lo aboquen de forma necesaria a la delincuencia.

El delincuente, en el caso de que sea detenido por su actividad delictiva, es enviado a la calle de forma sistemática para que pueda seguir con su tarea sin ningún obstáculo.

Algunos de ellos, especializados en pequeños delitos de hurto, llegan a acumular estadistas vergonzosas que a nadie preocupan y que se superan mirando hacia otro lado.

En el colmo del «buenismo» y la hipocresía, algunos políticos han llegado a admitir que en realidad son pobres «víctimas» de la sociedad y que hay que ser comprensivos con ellos, y ayudarles. 

¿Ayudarles a qué?, ¿a delinquir? Lo curioso es que mientras lanzan este mensaje protegen sus casas y sus propiedades contra los que dicen ayudar, sin que les importe la seguridad ciudadana.

El estado debe defenderse de sus enemigos.

“La felicidad para mi consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia.” FRANÇOISE SAGAN.

 

El ciudadano normal, cumplidor de sus obligaciones, asiste a este espectáculo dantesco en el que al estado solo le interesa que pague sus impuestos y cumpla con su trabajo, mientras dilapida sus recursos en compensar al delincuente por su inestimable labor social, a través de subvenciones y rentas mínimas que les permitan  vivir holgadamente y mantener su actividad delictiva sin ningún recato.

No parece que esta situación preocupe demasiado al político de turno; más bien parece encantado con ella porque en lo dicho hasta ahora existe un detalle en el que no hemos reparado: todos estos delincuentes tienen derecho al voto y su voto vale tanto como el del ciudadano cumplidor.

Es lo normal, dirán algunos. No tan normal diría yo. El delincuente es un ser antisocial cuya característica principal es el incumplimiento de las normas. Habitualmente se manifiesta en contra del sistema que le permite vivir sin trabajar y propugna la eliminación de todo orden o fuerza policial que le impida llevar a cabo su labor con comodidad. El delincuente es un enemigo del estado. Parece poco sensato que el estado permita opinar sobre su composición y gobierno a sus propios enemigos.

Es un gesto de debilidad y decadencia que el estado no se proteja a sí mismo ni a sus ciudadanos contra sus enemigos. Ahora bien, si además de no protegerse los premia otorgándoles el dinero que debería ir destinado a mejorar el bien común y los servicios públicos, nos encontramos ante una manifiesta perversidad y una corrupción.

 

La Seguridad Ciudadana no es una prioridad política

Lejos de este planteamiento nos podemos encontrar en la actualidad con organizaciones políticas que se presentan a las elecciones desde planteamientos de manifiesta defensa de los enemigos del estado y, a juzgar por los resultados, deben ser muchos porque han llegado a participar del poder desde el gobierno.

La situación es absurda: los enemigos del estado llegan al poder y gobiernan  con el objetivo de destruirlo. ¿Dónde se ha quedado la seguridad del ciudadano?, ¿la garantizarán los delincuentes o ellos tendrán otras prioridades?

A decir verdad, no parece que estén muy preocupados por los derechos de los demás. Es muy probable que los únicos que les importen sean los suyos propios.

De todas formas, si analizamos el problema con detenimiento, podemos darnos cuenta de que lo que existe detrás de esta pantalla es una simple compra de votos con dinero público. El premio al delincuente, bien a través de una pensión, ayuda o como queramos llamarlo, o bien a través de suavizar las medidas de persecución y control del delito, no son más que una forma de comprar su voto para alcanzar y mantenerse en el poder. ¿Vomitivo? Sí, pero efectivo.

Amador Moya

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